Sanción SMA

HAROLDO ENRIQUE VALENZUELA GUZMAN

Rol D-020-2021#dictamen

SMA · 2025-09-05 · Región del Libertador General Bernardo O'Higgins · Equipamiento · Terminado - Sanción · Multa $ 0,00 UTA

DICTAMEN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ROL D-020-2021, SEGUIDO EN CONTRA DE HAROLDO ENRIQUE VALENZUELA GUZMAN

I. MARCO NORMATIVO APLICABLE

1. Este fiscal instructora ha tenido como marco normativo aplicable al presente procedimiento administrativo sancionatorio la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “LOSMA”); la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 15 del año 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (en adelante, “D.S. N° 15/2013” o “PDA Valle Central de O’Higgins); en el Decreto Supremo N°1, de 5 de enero de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins (en adelante, “D.S. N°1/2021”); el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N°1338, de 7 de julio de 2025, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija la Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente, y sus posteriores modificaciones; en la Resolución Exenta RA 119123/152/2023, de 30 de octubre de 2023, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Nombra Jefatura de la División de Sanción y Cumplimiento; la Resolución Exenta N° 85, de 22 enero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Aprueba Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales - Actualización; y en la Resolución N° 36, de 19 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

II. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO INFRACTOR Y DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

2. El presente procedimiento sancionatorio fue iniciado contra don Haroldo Enrique Valenzuela Guzmán, titular de la unidad fiscalizable “Panadería El Bodegón de Haroldo”, ubicada en la comuna de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. La unidad fiscalizable se encuentra afecta al D.S. N° 15/2013 -actualmente vigente el D.S. N°1/2021- que regulaba las emisiones de material particulado (MP) en panaderías dentro del área de aplicación del PDA Valle Central.

III. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO ROL D-020-2021

A. Denuncia

3. Con fecha 08 de mayo de 2020, esta Superintendencia recepcionó la denuncia ciudadana ID 24-VI-2020 en contra de la Unidad Fiscalizable, mediante la cual se indicó que producto de la actividad de la panadería se habrían

producido emisiones de humos y gases provenientes del uso de horno a leña —al parecer con ignición de petróleo— para la elaboración de productos de panadería y pastelería. Asimismo, indicó que los vecinos de la Villa Enrique 2 de Rancagua, principalmente adultos mayores y niños, se verían afectados con enfermedades respiratorias, situación que se habría agravado por el contexto de cuarentena sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. Finalmente, manifestó que las viviendas aledañas se verían expuestas a la presencia de humo constante, tornando el aire irrespirable.

B. Actividades de fiscalización realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente

4. Con fecha 06 de junio de 2020, funcionarios de esta Superintendencia realizaron una actividad de inspección ambiental al establecimiento denominado “Panadería El Bodegón de Haroldo”. Dicha actividad culminó con la emisión del Acta de Inspección Ambiental, de la misma fecha, la cual forma parte integrante del expediente de fiscalización DFZ-2020-2503-VI-PPDA. 5. El referido expediente da cuenta de los siguientes hechos constatados durante la inspección:

i) Al momento de la inspección, la panadería se encontraba operando, contando con un horno en funcionamiento, correspondiente a horno tipo Zien. ii) El combustible utilizado por dicho horno corresponde a leña. iii) El titular nunca ha realizado el muestreo anual discreto de material particulado (en adelante, “MP”), en contravención a lo establecido en el artículo 25 del D.S. N° 15/2013.

C. Instrucción del procedimiento sancionatorio

B.1. Cargo formulado

6. Mediante Memorándum N° 053/2021, de fecha 26 de enero de 2021, se procedió a designar a Matías Carreño Sepúlveda Fiscal Instructor titular del presente procedimiento administrativo sancionatorio, y a Jorge Franco Zúñiga Velásquez como Fiscal Instructor suplente.

7. Con fecha 28 de enero de 2021, mediante la Resolución Exenta N° 1/ROL D-020-2021 de esta Superintendencia (en adelante, “Res. Ex. N°1/Rol D-020-2021”), se dio inicio al procedimiento sancionatorio en contra de don Haroldo Enrique Valenzuela Guzmán, por la siguiente infracción tipificada en el artículo 35 letra c) de la LOSMA, consistente en el incumplimiento de las condiciones, normas, medidas e instrumentos previstos en el D.S. N° 15/2013, específicamente el artículo 25, por no haber realizado la medición anual discreta de emisiones de material particulado (MP) en su horno tipo Zien a leña:

Tabla 1. Hecho constitutivo de infracción N° Hechos que se estiman constitutivos de infracción Normas y medidas eventualmente infringidas

1 No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante una medición anual discreta para su horno tipo Zien a leña. D.S. N° 15/2013, Artículo 25: “Las panaderías, sean fuentes emisoras nuevas o existentes, deberán cumplir el límite de emisión para MP establecido en la siguiente tabla: Tabla 11. Límites de emisión para panaderías Contaminante Límite de emisión mg/Nm3 MP 50

El cumplimiento del límite de emisión de MP será acreditado mediante una medición anual discreta, según lo establecido en el artículo 20, tabla 8. Quedarán exentas de esta medición las panaderías que utilicen electricidad o gas como combustibles. El plazo para dar cumplimiento al límite de emisión establecido en la presente disposición es de 24 meses contados desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, para las fuentes existentes, y para las fuentes nuevas, desde la fecha de entrada en vigencia del mismo.” Fuente. Elaboración propia

B.2. Tramitación del procedimiento D-020-2021

8. La Resolución Exenta N° 1/ROL D-020-2021 fue notificada mediante notificación personal, de conformidad a lo dispuesto en el inciso iii del artículo 46 de la Ley N° 19.880, con fecha 5 de febrero de 2021, según da cuenta el acta de notificación personal incorporada en el expediente sancionatorio. 9. Dentro del plazo legal, el titular, don Haroldo Enrique Valenzuela Guzmán, presentó con fecha 3 de marzo de 2021 un Programa de Cumplimiento (en adelante, “PdC”), en virtud de lo dispuesto en los artículos 42 y siguientes de la LOSMA y el D.S. N° 30/2012. Dicho PdC propuso como acción principal el reemplazo del combustible del horno tipo Zien de leña a gas licuado de petróleo (GLP), adjuntando registros fotográficos, contrato de suministro con GASCO y antecedentes relacionados. 10. Mediante Resolución Exenta N° 2/ROL D-020- 2021, de fecha 13 de agosto de 2021, esta Superintendencia incorporó observaciones al PdC presentado, otorgando plazo para subsanarlas mediante la presentación de un PdC refundido que cumpliera con los criterios de integridad, eficacia y verificabilidad, especialmente respecto de la acreditación del cambio de combustible, fecha de ejecución, medios de verificación y protocolo de operación para uso exclusivo de GLP. 11. Vencido el plazo para presentar el PdC refundido, no constó que el titular haya efectuado la presentación de dicha versión complementaria. En consecuencia, mediante Resolución Exenta N° 3/ROL D-020-2021, de fecha 10 de diciembre de 2024, esta Superintendencia resolvió rechazar el Programa de Cumplimiento presentado por el titular, por no cumplir con los requisitos del artículo 9 del D.S. N° 30/2012 ni haber subsanado las observaciones formuladas.

12. En virtud de lo anterior, se procedió a levantar la suspensión del procedimiento sancionatorio dispuesta inicialmente, continuando con la tramitación de conformidad a lo establecido en la LOSMA y en la Ley N° 19.880.

13. Posteriormente, con fecha 26 de diciembre de 2024, el titular presentó descargos, aportando antecedentes complementarios que dan cuenta de la eliminación definitiva del horno tipo Zien a leña, su sustitución por hornos a GLP, y la acreditación de su operación exclusiva con dicho combustible, el cual se encuentra exento de la obligación de medición anual discreta conforme al artículo 25 del D.S. N° 15/2013, establecida también en la actualización del PPDA de O’Higgins contenido en el D.S. N°1/2021.

IV. VALOR PROBATORIO DE LOS ANTECEDENTES QUE CONSTAN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

14. El inciso primero del artículo 51 de la LOSMA dispone que los hechos investigados y las responsabilidades de los infractores deberán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho, los que se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica. Por su parte, el artículo 53 de la LOSMA, dispone como requisito mínimo del dictamen, señalar la forma como se han llegado a comprobar los hechos que fundan la formulación de cargos. En razón de lo anterior, la apreciación de la prueba en los procedimientos administrativos sancionadores que instruye la Superintendencia, con el objeto de comprobar los hechos que fundan la formulación de cargos, se realiza conforme a las reglas de la sana crítica.

15. La sana crítica es un régimen intermedio de valoración de la prueba, estando en un extremo la prueba legal o tasada y, en el otro, la libre o íntima convicción. Asimismo, es preciso indicar que la apreciación o valoración de la prueba es el proceso intelectual por el que el juez o funcionario público da valor, asigna mérito, a la fuerza persuasiva que se desprende del trabajo de acreditación y verificación acaecido por y ante él1.

16. La jurisprudencia ha añadido que la sana crítica implica un “[a]nálisis que importa tener en consideración las razones jurídicas, asociadas a las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud se le asigne o reste valor, tomando en cuenta, especialmente, la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador. En definitiva, se trata de un sistema de ponderación de la prueba articulado por medio de la persuasión racional del juez, quien calibra los elementos de juicio, sobre la base de parámetros jurídicos, lógicos y de manera fundada, apoyado en los principios que le produzcan convicción de acuerdo a su experiencia2”.

17. Así las cosas, en este dictamen, y cumpliendo con el mandato legal, se utilizarán las reglas de la sana crítica para valorar la prueba rendida, valoración de la que se dará cuenta en los capítulos siguientes.

A. Diligencias probatorias y medios prueba en el presente procedimiento

1 Al respecto véase TAVOLARI, Raúl. El Proceso en Acción, Editorial Libromar Ltda., Santiago, 2000, p. 282. 2 Considerando vigésimo segundo sentencia de 24 de diciembre de 2012, Rol 8654-2012, Corte Suprema.

18. A continuación, se detallan los medios de prueba que constan en el expediente del presente procedimiento administrativo sancionador:

A.1. Medios de prueba aportados por la Superintendencia del Medio Ambiente

19. Primeramente, se cuenta con el Acta de Inspección Ambiental correspondiente a la actividad de fiscalización realizada el 06 de junio de 2020, desarrollada por personal de esta Superintendencia. En este punto, se hace presente que, de conformidad a lo establecido en el artículo 8° de la LOSMA, los hechos constitutivos de infracciones normativas consignados en el acta de fiscalización por personal de la Superintendencia habilitado como fiscalizador constituyen presunción legal.

20. Asimismo, se cuenta con el informe de fiscalización ambiental DFZ-2020-2503-VI-PPDA, con todos sus anexos e información, los cuales dan cuenta de los resultados de la actividad de fiscalización realizada a la titular.

A.2. Medios de prueba aportados por la titular 21. En primer término, presentó un PDC con fecha 03 de marzo de 2021, acompañado de antecedentes tales como contrato de suministro con GASCO, registros fotográficos, copia de cédula de identidad y declaraciones, que tenían por objeto acreditar la sustitución del combustible de leña por gas licuado de petróleo (GLP).

22. Posteriormente, aportó descargos complementarios, incluyendo documentación adicional para respaldar la eliminación definitiva del horno tipo Zien a leña y su reemplazo por hornos a GLP, combustible exento de la obligación de medición anual discreta conforme al artículo 25 del D.S. N° 15/2013, instrumento vigente al momento de constatar la infracción. Adicionalmente, señaló que desde 2021 la panadería se encuentra funcionando exclusivamente con este combustible, indicando un gasto mensual por suministro de gas para dos hornos.

V. SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LA INFRACCIÓN

23. En el presente procedimiento, el cargo que se imputa al titular corresponde a una infracción al artículo 35, letra c), LO-SMA, en cuanto incumplimiento de las condiciones, normas, medidas e instrumentos previstos en el D.S. N° 15/2013.

Naturaleza de la imputación

24. El D.S. N° 15/2013, señala en su artículo 25 que “Las panaderías, sean fuentes emisoras nuevas o existentes, deberán cumplir el límite de emisión para MP establecido en la siguiente tabla: Tabla N°2. Límites de emisión para panaderías Contaminante Límite de emisión mg/Nm3 MP 50 Fuente. D.S. N° 15/2013, Art. 25, Tabla N° 11.

25. El mismo artículo 25 señala que “[…] El cumplimiento del límite de emisión de MP será acreditado mediante una medición anual discreta, según lo establecido en el artículo 20, tabla 8. Quedarán exentas de esta medición las panaderías que utilicen electricidad o gas como combustibles. El plazo para dar cumplimiento al límite de emisión establecido en la presente disposición es de 24 meses contados desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, para las fuentes existentes, y para las fuentes nuevas, desde la fecha de entrada en vigencia del mismo”.

26. En este contexto, se imputa a la titular como infracción el hecho de no haber realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante una medición anual discreta para su horno a leña.

Examen de la prueba que consta en el procedimiento

27. En cuanto a la prueba que obra en el presente procedimiento, cabe hacer presente que, respecto del hecho sobre el cual versa la formulación de cargos, éste fue constatado en una primera oportunidad con fecha 06 de junio de 2020. Tal como se señala en el Acta de Inspección Ambiental de la misma fecha y en el informe de fiscalización ambiental DFZ-2020-2503-VI-PPDA, se verificó que la panadería se encontraba operando con un horno tipo Zien en funcionamiento que utiliza leña como combustible, respecto del cual no se había realizado el monitoreo anual discreto de material particulado (MP), según lo declarado y verificado en terreno.

28. El hecho consistente en que la titular no contaba con informes isocinéticos al momento de la inspección ambiental, ni los aportó posteriormente, permite concluir fundadamente que no realizó los muestreos de MP exigidos por el artículo 25 del D.S. N° 15/2013, con la frecuencia exigida (una vez por año). Ello, teniendo presente que, conforme a la experiencia, el costo asociado a dichas mediciones es significativo para este tipo de unidad fiscalizable y que su propósito es el control ambiental, resultando improbable que se efectúen mediciones para mantenerlas en reserva sin ser entregadas a la autoridad competente.

29. En cuanto a la extensión de la infracción el artículo 25 del D.S. N° 15/2013 señala que “[…] El cumplimiento del límite de emisión de MP será acreditado mediante una medición anual discreta, según lo establecido en el artículo 20, tabla 8. Quedarán exentas de esta medición las panaderías que utilicen electricidad o gas como combustibles. El plazo para dar cumplimiento al límite de emisión establecido en la presente disposición es de 24 meses contados desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, para las fuentes existentes, y para las fuentes nuevas, desde la fecha de entrada en vigencia del mismo”. En consecuencia, las fuentes existentes deben cumplir el límite de emisión de MP desde el 05 de agosto de 2015 y las fuentes nuevas desde el 05 de agosto de 2013.

30. Considerando que la infracción fue constatada con fecha 06 de junio de 2020, y que el D.S. N°15/2013 exige una medición anual discreta, el periodo exigible de cumplimiento corresponde a la anualidad inmediatamente anterior, esto es, entre agosto de 2019 y agosto de 2020. 31. En consecuencia, se estima que la titular no ha realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético, respecto del horno a leña correspondiente al periodo comprendido entre agosto de 2019 y agosto de 2020, lo que configura un incumplimiento del deber establecido en el artículo 25 del D.S. N°15/2013.

Determinación de la configuración de la infracción

32. Teniendo presente los antecedentes que obran en este procedimiento y que los argumentos contenidos en los descargos no están dirigidos a enervar o controvertir los elementos de la infracción, la infracción imputada se tiene por configurada.

VI. SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

33. En esta Sección se detallará la gravedad de las infracciones que se configuraron, siguiendo la clasificación que realiza el artículo 36 de la LO-SMA, que divide en infracciones leves, graves y gravísimas.

34. Así, respecto del cargo imputado no existen fundamentos que hagan variar el raciocinio inicial sostenido en la Res. Ex. N° 1/ ROL D-020-2021. En razón de lo anterior, la clasificación de la infracción se mantendrá como leve, puesto que no se constataron efectos, riesgos u otra de las hipótesis que permitieran encuadrarlo en alguno de los casos establecidos en los numerales 1° y 2°, del citado artículo 36. Lo anterior, considerando que, una vez configurada una infracción, la clasificación de leve es la mínima que puede asignársele, en conformidad con el artículo 36 de la LO-SMA.

35. De conformidad a lo expuesto, se mantendrá la clasificación de gravedad indicada en la formulación de cargos realizada mediante Res. Es. N° 1/ ROL D-020-2021, respecto de la infracción imputada.

36. En este contexto, de conformidad con lo dispuesto en la letra c) del artículo 39 de la LOSMA, las infracciones leves podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa de una hasta mil unidades tributarias anuales (“UTA”).

VII. PONDERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LO-SMA APLICABLES AL PRESENTE PROCEDIMIENTO

37. El artículo 40 de la LO-SMA dispone que para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponda aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias:

“a) La importancia del daño causado o del peligro ocasionado.

b) El número de personas cuya salud pudo afectarse por la infracción.

c) El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción.

d) La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma.

e) La conducta anterior del infractor.

f) La capacidad económica del infractor.

g) El cumplimiento del programa señalado en la letra r) del artículo 3°.

h) El detrimento o vulneración de un área silvestre protegida del Estado.

i) Todo otro criterio que, a juicio fundado de la Superintendencia, sea relevante para la determinación de la sanción”.

38. Para orientar la ponderación de estas circunstancias, con fecha 22 de enero de 2018, mediante la Resolución Exenta N° 85, de 22 de enero de 2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, se aprobó la actualización de las Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales, la que fue publicada en el Diario Oficial el 31 de enero de 2018 (en adelante, “las Bases Metodológicas”).

39. Las Bases Metodológicas, además de precisar la forma de aplicación de cada una de estas circunstancias, establecen que, para la determinación de las sanciones pecuniarias que impone esta Superintendencia, se realizará una adición entre un primer componente, que representa el beneficio económico derivado de la infracción, y una segunda variable, denominada componente de afectación, que representa el nivel de lesividad asociado a cada infracción.

40. En este sentido, a continuación, se procederá a realizar la ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la LO-SMA, comenzando para ello por el análisis del beneficio económico obtenido como consecuencia de la infracción, y siguiendo con la determinación del componente de afectación. Este último componente se encuentra basado en el “valor de seriedad de la infracción”, el cual considera la importancia o seriedad de la afectación que el incumplimiento ha generado y la importancia de la vulneración al sistema de control ambiental, y se ajusta de acuerdo a determinados factores de incremento y disminución, considerando también el factor relativo al tamaño económico de la empresa.

41. Dentro de este análisis se exceptuarán las siguientes circunstancias del artículo 40 de la LO-SMA: la letra d), puesto que no constan antecedentes que permitan afirmar la existencia de una intención positiva o dolosa de infringir la norma contenida en el D.S. N° 15/2013 por parte del titular y porque la atribución de responsabilidad de la infracción es a título de autor; la letra e), en su dimensión de factor que incremente la sanción, puesto que el titular no presenta infracciones a exigencias ambientales cometidas con anterioridad al hecho infraccional objeto del presente procedimiento, que hayan sido sancionadas por esta Superintendencia, un organismo sectorial o un órgano jurisdiccional; la letra g), puesto que no se aprobó un Programa de Cumplimiento en el presente caso respecto del que proceda evaluarse su grado de cumplimiento; la letra h), dado que en el presente caso el infractor no se encuentra en un área silvestre protegida del Estado, ni ha afectado a una de estas; y la letra i), en cuanto a la falta de cooperación como factor de incremento, puesto que no se verificaron acciones por parte del titular que obstaculizaran o entorpecieran el esclarecimiento de los hechos imputados.

42. Respecto de las circunstancias que, a juicio fundado de la Superintendencia, son relevantes para la determinación de la sanción y que normalmente son ponderadas en virtud de la letra i) del artículo 40 de la LO-SMA, en este caso no aplica la letra i) respecto de la autodenuncia, ya que no existe constancia de que el titular haya realizado autodenuncia previa, y tampoco se verificaron otras actuaciones voluntarias adicionales que permitan ponderar otras dimensiones de esta disposición.

A. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción (artículo 40, letra c, de la LO- SMA)

43. Esta circunstancia se construye a partir de la consideración en la sanción de todo beneficio económico que el infractor ha podido obtener por motivo de su incumplimiento, cuyo método de estimación se encuentra explicado en el documento Bases Metodológicas. De acuerdo a este método, el citado beneficio puede provenir, ya sea de un aumento en los ingresos, de una disminución en los costos, o de una combinación de ambos. De esta forma, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción equivaldrá al valor económico que significa para el infractor la diferencia entre cumplir con la normativa y no cumplir con ella. Por ello, según se establece en las Bases Metodológicas, para su determinación será necesario configurar dos escenarios económicos.

Escenario de cumplimiento: consiste en la situación hipotética en que la titular no hubiese incurrido en la infracción. De esta forma, en este escenario los costos o inversiones necesarios para cumplir la normativa son incurridos en la fecha debida, y no se realizan actividades no autorizadas susceptibles de generar ingresos.

Escenario de incumplimiento: corresponde a la situación real, con infracción. Bajo este escenario, los costos o inversiones necesarios para cumplir la normativa son incurridos en una fecha posterior a la debida o definitivamente no se incurre en ellos, o se ejecutan actividades susceptibles de generar ingresos que no cuentan con la debida autorización.

44. Así, a partir de la contraposición de ambos escenarios, el beneficio económico obtenido por el infractor puede definirse como la combinación de dos aspectos: el beneficio asociado a costos retrasados o evitados, por un lado; y el beneficio asociado a ganancias ilícitas, anticipadas o adicionales, por el otro.

45. De esta manera, el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción debe ser analizado para cada cargo configurado, identificando las variables que definen cada escenario, es decir, los costos o ingresos involucrados, así como las fechas o periodos en que estos son incurridos u obtenidos-, para luego valorizar su magnitud a través del modelo de estimación utilizado por esta Superintendencia, el cual se encuentra descrito en las Bases Metodológicas3.

46. Para el cargo analizado, se consideró, para efectos de la estimación, una fecha estimada de pago de multa al 13 de octubre de 2025 y una tasa de descuento de un 10% estimada en base a parámetros económicos de referencia generales, información financiera de referencia y parámetros específicos del rubro equipamiento subcategoría panaderías y pastelerías. Por último, cabe señalar que todos los valores en UTA que se presentan a continuación se encuentran expresados al valor de la UTA del mes de julio de 2025.

3 El modelo utilizado por la SMA, el cual toma como referencia el modelo utilizado por la US-EPA, calcula el beneficio económico como la diferencia entre el valor presente del escenario de incumplimiento y el del escenario de cumplimiento a la fecha estimada del pago de la multa, internalizando así el valor del dinero en el tiempo por su costo de oportunidad, a través de una tasa de descuento estimada para el caso. En este marco metodológico, la temporalidad en que los costos o ingresos se incurren u obtienen en cada escenario tiene suma relevancia, implicando asimismo la consideración, si corresponde, del efecto de la inflación a través de la variación del IPC o los valores de la UF, así como también del tipo de cambio si existen costos o ingresos expresados en moneda extranjera. Además, se incorpora en la modelación el efecto tributario a través del impuesto de primera categoría del periodo que corresponda. Para mayor detalle, véase páginas 88 a 99 de las Bases Metodológicas.

A.1 Escenario de cumplimiento

47. En relación a este escenario, es necesario identificar las acciones y costos que, de haber sido implementados a tiempo, habrían posibilitado el cumplimiento de la normativa establecida en el D.S. N° 15/2013. Dicha medida, en este caso, consistía en haber realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante un muestreo isocinético que permita acreditar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el artículo 25 del D.S. N°15/2013 y de acuerdo a la frencuencia exigida, respecto del horno panificador a leña de la Panadería El Bodegón de Haroldo.

48. Se considera entonces que, en un escenario de cumplimiento, la titular debió realizar una medición isocinética durante el periodo comprendido entre agosto de 2019 y agosto de 2020. Para efectos de la estimación, se considerará que dicha medición debió efectuarse a lo menos el último día del periodo imputado, esto es, el 31 de agosto de 2020.

49. Respecto del costo por el muestreo isocinético, se considerará para estos efectos el valor de $714.148,0 pesos4. En el presente caso se estima que la titular omitió realizar una medición isocinética durante el periodo agosto de 2019 – agosto de 2020, lo que representa un costo evitado equivalente a dicho monto, el cual será ponderado como beneficio económico obtenido con motivo de la infracción.

A.2 Escenario de incumplimiento

50. El escenario de incumplimiento normativo consistente en el escenario real en el cual se comete la infracción, que concretamente dice relación con no haber realizado el muestreo isocinético que permita acreditar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el artículo 25 del D.S. N°15/2013, respecto del horno a leña de la Panadería El Bodegón de Haroldo. En este ítem también se incluye el gasto acreditado por el titular en la implementación un sistema de gas a granel GLP para el funcionamiento de hornos, dicho gasto se establece en un valor de $6.037.220,0 informado en el “Contrato de suministro y comodato de estanque comercial” folio N°40014177 de fecha 13 de abril de 2020.

A.3 Determinación del beneficio económico

51. De conformidad a lo indicado precedentemente, a partir de la comparación de los escenarios de cumplimiento e incumplimiento, se concluye que no existe un beneficio económico a partir de los costos evitados por parte de la titular, al no realizar los muestreos isocinéticos para acreditar el cumplimiento de los límites de emisión establecidos en el artículo 25 del D.S. N°15/2013, respecto del horno que opera con leña como combustible. De acuerdo a lo anterior, y a partir de la aplicación del método de estimación utilizado por esta Superintendencia, el beneficio económico no será ponderado en la determinación de la sanción.

4 Valor obtenido del caso ROL F-037-2024, presentado en PDC Anexo 6 Medición MP 2024., Análisis y Control Ambiental SPA. RUT 77.197.522-4. Factura N°472 de fecha 03.09.2024.

52. La siguiente tabla presenta un resumen de la información relativa al beneficio económico que se estima obtenido por la comisión de la infracción:

Tabla N°3 – Resumen de la ponderación de Beneficio Económico Hecho Infraccional Costo que Origina el beneficio Costo Evitado (UTA) Período/ fechas Beneficio Económico (UTA) No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante una medición anual discreta para su horno a leña para periodo 2019-2020. Costo evitado. Una medición isocinética de emisiones de MP en horno a leña 0,9 2019- 2020 0,0 Fuente. Elaboración propia.

B. Componente de afectación.

B.1. Valor de seriedad

53. El valor de seriedad se determina a través de la asignación de un “puntaje de seriedad” al hecho constitutivo de infracción, de forma ascendente de acuerdo al nivel de seriedad de los efectos de la infracción, o de la importancia de la vulneración al sistema de control ambiental. De esta manera, a continuación, se procederá a ponderar dentro de las circunstancias que constituyen este valor, aquellas que concurren en la especie, esto es, la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el número de personas cuya salud pudo afectarse y la vulneración al sistema de control ambiental, quedando excluidas del análisis la letra h) del artículo 40 de la LOSMA debido a que, en el presente caso, como ya se señaló, no resulta aplicable.

a) Importancia del daño causado o del peligro ocasionado (artículo 40, letra a), de la LO- SMA)

54. La circunstancia correspondiente a la importancia del daño o del peligro ocasionado, tal como se indica en las Bases Metodológicas, se considerará en todos los casos en que se constaten elementos o circunstancias de hecho de tipo negativo – ya sea por afectaciones efectivamente ocurridas o potenciales – sobre el medio ambiente o la salud de las personas.

55. En consecuencia, “(…) la circunstancia del artículo 40 letra a) es perfectamente aplicable para graduar un daño que, sin ser considerado por la SMA como ambiental, haya sido generado por la infracción5”. Por lo tanto, el examen de esta circunstancia debe hacerse para todos los cargos configurados.

5 En este sentido se pronunció el Segundo Tribunal Ambiental en su sentencia del caso Pelambres, considerandos sexagésimo segundo: “Que el concepto de daño utilizado en el literal a) del artículo 40, si bien en algunos casos puede coincidir, no es equivalente al concepto de daño ambiental definido en la letra e) del artículo 2 de la Ley N° 19.300, y como consecuencia de ello, la noción de “peligro” tampoco lo es necesariamente en relación a un daño ambiental. En efecto, el alcance de los citados conceptos debe entenderse como referencia a la simple afectación o peligro ocasionado con la infracción. Véase también la

56. De esta forma, el concepto de daño al que alude la letra a) del artículo 40 de la LOSMA, es más amplio que el concepto de daño ambiental del artículo 2 letra e) de la Ley N° 19.300, referido también en los numerales 1 letra a) y 2 letra a) del artículo 36 de la LO-SMA, procediendo su ponderación siempre que se genere un menoscabo o afectación que sea atribuible a la infracción cometida, se trate o no de daño ambiental.

57. En consecuencia, se puede determinar la existencia de un daño frente a la constatación de afectación a la salud de las personas y/o menoscabo al medio ambiente, sean o no significativos los efectos ocasionados. Al recoger nuestra legislación un concepto amplio de medioambiente, un daño se puede manifestar también cuando exista afectación a un elemento sociocultural, incluyendo aquellos que incidan en los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, y en el patrimonio cultural. En cuanto al concepto de peligro, de acuerdo a la definición adoptada por el SEA, este corresponde a la “capacidad intrínseca de un elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial o una combinación de ellos, de causar un efecto adverso sobre un receptor”6. A su vez, dicho servicio distingue la noción de peligro, de la de riesgo, definiendo a esta última como la “probabilidad de ocurrencia del efecto adverso sobre el receptor”.

58. De acuerdo a como la SMA y los Tribunales han comprendido la ponderación de esta circunstancia, esta se encuentra asociada a la idea de peligro concreto, la cual se relaciona con la necesidad de analizar el riesgo en cada caso, en base a la identificación de uno o más receptores que pudieren haber estado expuestos al peligro ocasionado por la infracción, lo que será determinado en conformidad a las circunstancias y antecedentes del caso en específico. Se debe tener presente que el riesgo no requiere que el daño efectivamente se produzca y que, al igual que con el daño, el concepto de riesgo que se utiliza en el marco de la presente circunstancia es amplio, por lo que este puede generarse sobre las personas o el medio ambiente, y ser o no significativo.

59. Una vez determinada la existencia de un daño o peligro, corresponde ponderar su importancia. La importancia alude al rango de magnitud, entidad o extensión de los efectos generados por la infracción, o infracciones, atribuidas al infractor. Esta ponderación permitirá que este elemento sea incorporado en la determinación de la respuesta sancionatoria que realiza la SMA.

60. A continuación, se analizará la concurrencia de la circunstancia objeto de análisis para la infracción configurada.

61. En primer lugar, cabe señalar que, en el presente caso, no existen antecedentes que permitan confirmar que se haya generado un daño o consecuencias negativas directas producto de la infracción, al no haberse constatado, dentro del procedimiento sancionatorio, una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo al medio ambiente o uno de más de sus componentes, ni otras consecuencias de tipo negativas que sean

sentencia del Segundo Tribunal Ambiental en el caso Pampa Camarones, considerando Centésimo decimosexto: “[…] Lo esencial de esta circunstancia, es que a través de ella se determina la relevancia, importancia o alcance del daño, con independencia de que éste sea o no daño ambiental. Ello implica que, aún en aquellos casos en que no concurra daño ambiental como requisito de clasificación conforme al artículo 36 de la LOSMA, la circunstancia del artículo 40 letra a) es perfectamente aplicable para graduar un daño que, sin ser considerado por la SMA como ambiental, haya sido generado por la infracción […]”. 6 Servicio de Evaluación Ambiental. 2023. “Guía para la evaluación ambiental del riesgo para la salud de la población”. pág. 22. Disponible en línea: https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2023/03/08/Guia.pdf.

susceptibles de ser ponderadas. Por lo tanto, el daño no está acreditado en el presente procedimiento.

62. En cuanto al peligro ocasionado, este Fiscal es del parecer que la infracción imputada no es susceptible de ocasionar un peligro para la salud de las personas o el medio ambiente, por cuanto se trata de una infracción relacionada al incumplimiento del mecanismo previsto en el PPDA del Valle Central de O’Higgins para asegurar la calidad de los datos reportados por las fuentes afectas y evaluar el cumplimiento asociado al límite de emisión de MP fijado en la norma.

63. En virtud de lo expuesto, esta circunstancia no será considerada en la determinación de la sanción específica.

b) Número de personas cuya salud pudo afectarse (artículo 40, letra b), de la LOSMA)

64. Al igual que la circunstancia de la letra a) de la LOSMA, esta circunstancia se vincula a los efectos ocasionados por la infracción cometida. Su concurrencia está determinada por la existencia de un número de personas cuya salud pudo haber sido afectada, debido a un riesgo que se haya ocasionado por la o las infracciones cometidas. Ahora bien, mientras en la letra a) se pondera la importancia del peligro concreto riesgo- ocasionado por la infracción, la circunstancia de la letra b) de la LOSMA introduce un criterio numérico de ponderación, que recae exclusivamente sobre la cantidad de personas que podrían haber sido afectadas en base al riesgo que se haya determinado en función de la ponderación de la letra a).

65. Como se ha señalado, este Fiscal estima que la infracción imputada no presenta un riesgo a la salud de la población. En virtud de ello, la presente circunstancia no será considerada en la determinación de la sanción específica.

c) Importancia de la vulneración al sistema jurídico de control ambiental (artículo 40, letra i), de la LOSMA)

66. La importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental es una circunstancia que permite valorar la relevancia que un determinado incumplimiento ha significado para el sistema regulatorio ambiental, más allá de los efectos que la infracción ha podido generar. La valoración de esta circunstancia permite que la sanción cumpla adecuadamente su fin preventivo, y que se adecúe al principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción.

67. Cada infracción cometida afecta la efectividad del sistema jurídico de protección ambiental, pero esta consecuencia negativa no tendrá siempre la misma seriedad, sino que dependerá de la norma específica que se ha incumplido, como de la manera en que ha sido incumplida. Por tanto, al ponderar la importancia de la vulneración al sistema jurídico de protección ambiental, se debe considerar aspectos como: el tipo de norma infringida, su rol dentro del esquema regulatorio ambiental, su objetivo ambiental y las características propias del incumplimiento que se ha cometido a la norma.

68. Dado que se trata de una circunstancia que se refiere a la importancia de la norma infringida y las características de su incumplimiento, concurre necesariamente en todos los casos en los cuales la infracción es configurada. Esto se diferencia de

las circunstancias que se relacionan con los efectos de la infracción, las que pueden concurrir o no dependiendo de las características del caso.

69. En el presente caso la infracción cometida implica la vulneración del PPDA del Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, el cual tiene por objetivo dar cumplimiento a la norma primaria de calidad ambiental para material particulado respirable MP10, en un plazo de 10 años.

70. Se puede indicar que el sistema de control resultó vulnerado, pues la autoridad ambiental dejó de disponer de información relevante y necesaria para la determinación de las emisiones de material particulado, generadas por la fuente de la Panadería Anmar a la atmósfera, y con ella poder determinar si éstas se encuentran dentro de los límites establecidos.

71. Respecto a la infracción en análisis, se puede señalar que, al omitir la realización de los muestreos isocinéticos, se impide a la autoridad ambiental contar con el mencionado método de control de emisiones, y por consiguiente el objetivo que persigue el PPDA del Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins se ve truncado por la ausencia de información completa relativa a los resultados de las mediciones requeridas. Esta omisión se agrava todavía más si la fuente no ha realizado medición en periodos anteriores o posteriores al periodo donde se configura la infracción, debido a que no existe referencia alguna acerca de la concentración del contaminante que es emitido a la atmósfera. En definitiva, la eficacia del D.S. N°15/2013 como instrumento de gestión ambiental, se basa, entre otros aspectos, en el cumplimiento de la obligación de realizar mediciones y posteriormente reportarlas a la autoridad, con el objetivo de mantener un control de las emisiones de contaminantes en la zona saturada, por lo que el incumplimiento de dichas obligaciones afecta las bases del sistema de protección ambiental.

72. En este sentido, la sanción impuesta con motivo de este tipo de infracciones se justifica por la carencia de información relevante para la mantención del control de emisiones en la zona saturada.

73. En consecuencia, respecto de este hecho infraccional, se determina que existe una vulneración al sistema jurídico de protección ambiental de carácter medio. 74. Por los motivos señalados anteriormente, esta circunstancia será considerada al momento de determinar la sanción.

B.2 Factores de incremento

75. Tal como se señaló precedentemente, no se ponderarán circunstancias como factores de incremento de la sanción en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la LOSMA, atendidas las consideraciones expuestas en este dictamen.

a) Falta de cooperación (artículo 40, letra i), de la LOSMA)

76. Esta circunstancia evalúa si el infractor ha realizado acciones que han dificultado el esclarecimiento de los hechos imputados, sus circunstancias o sus efectos, así como también la ponderación de otras circunstancias del artículo 40 de la LOSMA. Su análisis implica ponderar si el infractor ha tenido un comportamiento o

conducta que va más allá del legítimo uso de los medios de defensa que le concede la Ley. Las acciones que se considerarán especialmente para valorar esta circunstancia son las siguientes:

• El infractor no ha respondido un requerimiento o solicitud de información. • El infractor ha proveído información incompleta, confusa, contradictoria, sobreabundante o manifiestamente errónea, ya sea presentada voluntariamente, en respuesta a un requerimiento o solicitud de información, o en el marco de una diligencia probatoria. • El infractor no ha prestado facilidades o ha obstaculizado el desarrollo de una diligencia. • El infractor ha realizado acciones impertinentes o manifiestamente dilatorias.

77. En el caso concreto, si bien el PDC presentado por el titular fue rechazado por no subsanar las observaciones formuladas oportunamente, consta en el expediente que el titular sí respondió la formulación de cargos dentro de plazo, acompañó antecedentes complementarios y aportó información que permitió acreditar la eliminación de la fuente emisora infractora, así como la implementación de la nueva tecnología a GLP. Todo ello evidencia que no se configuró una conducta obstruccionista ni dilatoria, sino que, por el contrario, existió un nivel de cooperación relevante para el esclarecimiento de los hechos y efectos. 78. En consecuencia, la circunstancia de falta de cooperación en el procedimiento y/o investigación no será ponderada como un factor de aumento en la determinación de la sanción final.

B.3 Factores de disminución

79. A continuación, se ponderarán aquellos factores que pueden disminuir el componente de afectación, y que han concurrido en la especie. Teniendo presente que en este caso no ha mediado una autodenuncia, no se ponderará dicha circunstancia en virtud de la letra i) del artículo 40 de la LOSMA.

a) Aplicación de medidas correctivas (artículo 40 letra i) de la LOSMA)

80. Respecto a la aplicación de medidas correctivas, esta Superintendencia pondera la conducta posterior del infractor, respecto de las acciones que este haya adoptado para corregir los hechos constitutivos de infracción y eliminar o reducir sus efectos, o para evitar que se generen nuevos efectos.

81. De esta manera, para que proceda esta circunstancia del artículo 40 de la LOSMA, es necesario que las medidas correctivas aplicadas sean idóneas, efectivas y oportunas, y que se encuentren fehacientemente acreditadas en el expediente del procedimiento sancionatorio.

82. En el presente caso, consta que el titular Haroldo Enrique Valenzuela Guzmán presentó un PdC con fecha 03 de marzo de 2021, cuyo objetivo principal era reemplazar el combustible del horno tipo Zien a leña por gas licuado de petróleo (GLP), combustible exento de la obligación de medición anual discreta conforme al artículo 25 del D.S. N° 15/2013. Si bien el PdC fue rechazado por esta Superintendencia por no cumplir cabalmente con los requisitos formales de integridad y verificabilidad, el titular complementó su presentación en la etapa de descargos, aportando antecedentes adicionales que permiten acreditar la eliminación definitiva del horno a leña y la operación exclusiva con GLP.

83. Esta medida resulta idónea, pues aborda directamente la causa de la infracción (la operación de una fuente emisora sujeta a medición) y sitúa la unidad fiscalizable dentro de la excepción establecida en el artículo 25 del D.S. N° 15/2013. Es efectiva, ya que la eliminación de la fuente emisora mitiga los efectos de la infracción y garantiza que no se generen nuevas emisiones de MP sujetas a control. Además, es oportuna, pues se implementó en un plazo razonable desde la constatación de la infracción y se verificó antes de la resolución sancionatoria final, demostrando la disposición del titular a subsanar materialmente el incumplimiento. Esta conclusión se respalda en los contratos de suministro con GASCO, comprobantes de pago, registros fotográficos y declaraciones aportadas, que permiten dar por acreditado que la medida correctiva fue ejecutada y se encuentra en operación.

84. En consecuencia, se pondera la aplicación de la medida correctiva como un factor de disminución del componente de afectación, atendido que cumple con los requisitos de idoneidad, efectividad y oportunidad exigidos por el artículo 40 letra i) de la LOSMA y las Bases Metodológicas de la Superintendencia.

b) Irreprochable conducta anterior (artículo 40, letra e), de la LOSMA)

85. La concurrencia de esta circunstancia es ponderada por la SMA en base al examen de los antecedentes disponibles que dan cuenta de la conducta que en materia ambiental ha sostenido en el pasado la unidad fiscalizable. Se entiende que el infractor tiene una irreprochable conducta anterior, cuando no está dentro de alguna de las siguientes situaciones:

• El infractor ha tenido una conducta anterior negativa. • La unidad fiscalizable obtuvo la aprobación de un PdC en un procedimiento sancionatorio anterior. • La unidad fiscalizable acreditó haber subsanado un incumplimiento a una exigencia normativa en corrección temprana, cuyo incumplimiento fue constatado nuevamente en una fiscalización posterior. • Los antecedentes disponibles permiten sostener que la exigencia cuyo incumplimiento es imputado en el procedimiento sancionatorio actual ha sido incumplida en el pasado de manera reiterada o continuada.

86. Sobre este punto, se hace presente que no existen antecedentes que den cuenta de la existencia de procedimientos sancionatorios previos de los órganos de competencia ambiental sectorial dirigidos contra el titular, a propósito de incumplimientos al D.S. N° 15/2013.

87. Asimismo, en el presente procedimiento sancionatorio no constan antecedentes que permitan descartar una conducta anterior irreprochable, por lo que esto será considerado como una circunstancia que procede como un factor de disminución del componente de afectación para efectos de la sanción correspondiente.

c) Cooperación eficaz (artículo 40, letra i), de la LOSMA) 88. De conformidad con el artículo 40 letra i) de la LO-SMA y las Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales, podrá ponderarse como circunstancia atenuante la cooperación eficaz prestada por el infractor, cuando

esta haya facilitado de manera sustancial la determinación de los hechos constitutivos de infracción, su calificación o sus efectos, excediendo los deberes mínimos de colaboración previstos en la normativa vigente. 89. En el presente caso, consta que el titular, además de no obstaculizar la fiscalización ni la tramitación del procedimiento, aportó documentación clave, consistente en contratos de suministro de GLP, comprobantes de pago, registros fotográficos y declaraciones complementarias, que permitieron verificar fehacientemente la eliminación definitiva del horno tipo Zien a leña y la operación exclusiva con gas licuado de petróleo. Esta información resultó esencial para acreditar que la fuente emisora fue suprimida, eliminando así la causa de la infracción y sus efectos.

90. Dichos antecedentes no habrían podido ser comprobados únicamente con la actividad de inspección ambiental, sino que requirieron de la entrega voluntaria y detallada de documentación técnica y comercial por parte del titular, demostrando con ello una disposición efectiva para subsanar la infracción y facilitar la labor fiscalizadora de esta Superintendencia. 91. En consecuencia, se reconoce la existencia de una cooperación eficaz, la que será ponderada como factor de disminución dentro de la letra i) del artículo 40 de la LOSMA.

C. Capacidad económica del infractor (artículo 40, letra f), de la LOSMA).

92. La capacidad económica ha sido definida por la doctrina española a propósito del Derecho Tributario, como la potencialidad económica vinculada a la titularidad y disponibilidad de la riqueza, con la aptitud, la posibilidad real, la suficiencia de un sujeto de derecho para hacer frente a la exigencia de una obligación tributaria concreta por parte de la Administración Pública. De esta manera, esta circunstancia atiende a la proporcionalidad del monto de una multa con relación a la capacidad económica concreta del infractor.

93. Para la determinación de la capacidad económica de un infractor, esta Superintendencia considera dos criterios: tamaño económico y capacidad de pago. El tamaño económico se asocia al nivel de ingresos anuales, actuales o potenciales del infractor, y normalmente es conocido por esta Superintendencia de forma previa a la aplicación de sanciones, lo cual permite su incorporación en la determinación de sanciones de forma general. Por otra parte, la capacidad de pago tiene relación con la situación financiera específica del infractor en el momento de la aplicación del conjunto de las sanciones pecuniarias determinadas para el caso bajo análisis de acuerdo a las reglas generales, la cual, normalmente no es conocida por esta Superintendencia de forma previa a la determinación de sanciones. Este aspecto es considerado de forma eventual, excepcional y a solicitud expresa del infractor una vez que tome conocimiento de las sanciones respectivas, debiendo proveer la información correspondiente para acreditar que efectivamente se encuentra en situación de dificultad financiera para hacer frente a estas.

94. Para la determinación del tamaño económico, se han examinado los antecedentes financieros de la empresa disponibles en el procedimiento. Así, de acuerdo a la información contenida en los descargos presentados por el titular a través del archivo electrónico denominado “ESCRITO PANADERIA EL BODEGON DE HAROLDO.pdf” el cual adjunta el formulario 22 Declaración de Renta del año Tributario 2024, se observa que ROL único tributario 8306837-k de Valenzuela Guzman Haroldo Enrique se sitúa en la clasificación pequeño 1, de acuerdo a la clasificación de tamaño económico utilizada por el Servicio de Impuestos Internos- por presentar ingresos entre UF 2.400 y UF 5.000 en el año 2023. En efecto, se observa que sus ingresos en ese año fueron de $143.532.566, equivalentes a UF 3.901, considerando el valor de la UF al día 31 de diciembre de 2023.

95. En atención al principio de proporcionalidad y a lo descrito anteriormente respecto del tamaño económico de la empresa, se concluye que procede la aplicación de un ajuste para la disminución del componente de afectación de la sanción que corresponda a cada infracción, asociado a la circunstancia de capacidad económica.

IX. PROPUESTA DE SANCIÓN O ABSOLUCIÓN

96. En virtud del análisis realizado en el presente dictamen, y en cumplimiento del artículo 53 de la LOSMA, se propondrá la siguiente sanción que a juicio de este Fiscal Instructor corresponde aplicar al Sr. HAROLDO ENRIQUE VALENZUELA GUZMAN.

97. Se propone como sanción una multa de una Unidad Tributaria Anual (1 UTA), respecto al hecho infraccional consistente en “No haber realizado la medición de sus emisiones de MP, mediante una medición anual discreta para su horno tipo Zien a leña”.

Matías Carreño Sepúlveda Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento Superintendencia del Medio Ambiente

MCS/JGC Rol D-020-2021